El grupo Talk Baja ha sido escenario de preocupación esta semana luego de un mensaje inusual. Debra Robinson, una mujer australiana, solicitó ayuda para encontrar a sus dos hijos, Jake y Callum Robinson, quienes desaparecieron mientras surfeaban en Punta San José, cerca de Ensenada, México. El temor aumenta debido a que Callum, de 33 años, es diabético y requiere medicación.

Los hermanos, junto con su amigo Jack Carter, de nacionalidad estadounidense, partieron desde California hacia México para un viaje de surf. A pesar de tener una reserva en un Airbnb cerca de Rosarito, no llegaron a su destino ni se presentaron en su alojamiento. Además, han interrumpido toda actividad en redes sociales, lo que ha generado mayor preocupación entre sus conocidos.

Las autoridades australianas están brindando asistencia consular a la familia mientras intentan viajar hacia México. Sin embargo, la situación se complica debido a las advertencias del Gobierno australiano sobre la violencia en el país, especialmente en áreas como la frontera septentrional y la costa del Pacífico.

La desaparición de los hermanos ha avivado el debate sobre la seguridad en México, con medios australianos comparando las tasas criminales entre ambos países. Este incidente revive el recuerdo de Dean Lucas y Adam Coleman, dos surfistas australianos desaparecidos en Baja California hace nueve años, cuyos cuerpos fueron encontrados en una caravana calcinada en Sinaloa.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ha confirmado tras dictámenes antropológicos que los restos óseos encontrados en los límites de Tláhuac e Iztapalapa corresponden a animales, específicamente perros. Ulises Lara López, encargado de la institución, aseguró que el sitio no es una fosa clandestina ni un crematorio, desmintiendo las alegaciones iniciales.

Durante una conferencia conjunta con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, se informó sobre los avances en el caso que fue alertado por la madre buscadora Cecilia Flores. Las autoridades confirmaron que los restos no corresponden a personas, así como las cenizas encontradas tampoco son humanas, sino de origen animal.

A pesar de la ausencia de cámaras de videovigilancia en la zona, se continúa la investigación con la búsqueda de testigos. Mientras tanto, se mantiene un resguardo policial en un área de cinco hectáreas, con la participación de diversas instituciones, incluyendo la Policía de Investigación y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Se destacó la ubicación de credenciales en la zona, como una credencial electoral y una credencial escolar, cuyos propietarios fueron localizados sanos y salvos. Las autoridades enfatizaron que se seguirá investigando respetando las labores de los colectivos de madres buscadoras.

Sin embargo, Ceci Flores, madre buscadora, acusó a las autoridades de intentar ocultar la realidad, expresando su desconfianza en la rápida confirmación de que se trataba de restos animales. El colectivo de Madres Buscadores de la Ciudad de México "Una luz en el camino" también cuestionó la versión oficial, indicando que no hay suficientes indicios para determinar la presencia de un crematorio o fosa clandestina.

Según revelaciones de la periodista Anabel Hernández en su libro "La Historia secreta. AMLO y el Cártel de Sinaloa", la presencia de grupos del narcotráfico en la Ciudad de México se remonta a décadas atrás. Testimonios incluidos en la obra señalan que durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador como regente del entonces Distrito Federal, la capital operaba como una bodega de cocaína para el Cártel de Sinaloa.

Jesús Reynaldo Zambada García, hermano de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, habría sido responsable de recibir "toneladas de cocaína en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México". Para moverse libremente por la capital, se presume que tanto Reynaldo como ‘El Mayo’ contaban con la protección de Genaro García Luna y la Secretaría de Seguridad Pública local.

Incluso se menciona que la extinta Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) brindaba protección al Cártel de Sinaloa. Según un expediente elaborado entre 2004 y 2005, el comandante Ignacio Perales Gómez de la PGJDF y Domingo González de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) otorgaban protección a figuras como ‘El Mayo’ Zambada en zonas como la Zona Rosa, Polanco y Las Lomas.

El informe detalla que los vehículos utilizados para estos fines eran estacionados en las oficinas de la policía capitalina ubicadas en la calle Liverpool, colonia Juárez. El comandante Perales Gómez fue ejecutado en junio de 2006, y se reveló que era compadre de ‘El Rey’ Zambada.

La titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, anunció que en la segunda quincena de junio se realizará la transferencia de recursos aprobada en la nueva reforma al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Instituciones como el Infonavit, el IMSS y las afores deberán transferir los recursos de cuentas no reclamadas y cuentas inactivas para garantizar que los trabajadores puedan acceder a una compensación y obtener una pensión equivalente al 100% de su salario a partir del 1 de julio.

El presidente López Obrador firmó el decreto para la creación del fondo, que será administrado por el Banco de México, en coordinación con diversas instituciones y dependencias como Hacienda, Gobernación, IMSS, ISSSTE, Infonavit y Consar, entre otras. Se establecerá un comité técnico del fondo para dotarlo de reglas operativas, viabilidad financiera y un régimen de inversión transparente.

López Obrador confió en que las afores cumplirán con la nueva ley al entregar los recursos no reclamados al fondo de pensiones, pero advirtió que se aplicarán sanciones en caso de incumplimiento. Además, señaló que los estados con deudas al ISSSTE y al SAT podrían recibir descuentos desde la Federación, y esos recursos también se destinarán al fondo de pensiones.

El director general del Infonavit, Carlos Martínez, informó que se tienen listos hasta 4 mil 500 millones de pesos para transferir al fondo de pensiones, correspondientes a 2.2 millones de cuentas inactivas en el instituto. Estas acciones buscan garantizar una pensión digna para los trabajadores y mejorar su calidad de vida en la vejez.