Cecilia Patricia Flores, activista sonorense, descubrió un crematorio clandestino en los límites de Tláhuac e Iztapalapa, Ciudad de México, donde se encontraron osamentas de niños, mujeres y perros. En una entrevista con EL UNIVERSAL, Flores explicó que, además de los restos humanos, se hallaron libretas, ropa y zapatos que aparentemente pertenecían a menores de edad, así como credenciales de elector e identificaciones de mujeres.

La activista llegó a la Ciudad de México para apoyar en la búsqueda de desaparecidos y recibió una llamada anónima que les dio las coordenadas precisas del lugar. A pesar de solicitar seguridad, denunció que la Guardia Nacional las dejó desamparadas durante los dos días de trabajo, y la Comisión Local de Búsqueda no proporcionó apoyo económico ni herramientas.

Por precaución, Flores y su grupo se retiraron del lugar y se coordinaron para mantener vigilancia, mientras esperaban la llegada de autoridades de la Comisión Nacional de Búsqueda. Aunque denunciaron la desaparición de los restos de un bebé que encontraron, su principal objetivo es permitir que las familias puedan reencontrarse con sus seres queridos desaparecidos. 

El abogado Pedro Martínez Bello confirma el secuestro exprés del obispo Salvador Rangel, quien fue encontrado abandonado en Ocotepec, Morelos, luego de ser drogado con cocaína y tener sus tarjetas bancarias saqueadas.

Martínez Bello detalla que Rangel desapareció el sábado 27 de abril y fue localizado al día siguiente, con movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias. El obispo, de 78 años, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica debido a los efectos de las sustancias, y se recomienda un reposo de tres días antes de realizar una declaración.

Aunque se especula sobre la relación del secuestro con su labor de pacificación en Guerrero, Martínez Bello niega conexiones, indicando que se trata de delincuencia común. Rangel continuará su recuperación en otro hospital de la capital de Morelos hasta poder colaborar con las autoridades. 

En un enfrentamiento legal sin precedentes, México llevó a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia, acusándolo de violar el derecho internacional al irrumpir en su embajada en Quito para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas. La primera audiencia se centró en la solicitud urgente de México de medidas cautelares para proteger sus instalaciones diplomáticas y evitar futuras incursiones por parte de las autoridades ecuatorianas.

La incursión del 5 de abril, que ocurrió poco después de que México otorgara asilo a Jorge Glas, provocó tensiones entre ambos países, siendo condenada por líderes de toda América Latina como una violación flagrante de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

México busca que la Corte ordene a Ecuador tomar medidas para garantizar la protección y seguridad de los recintos diplomáticos mexicanos, así como permitir el desalojo de sus instalaciones y viviendas diplomáticas en el país. Además, solicita reparaciones y la suspensión de Ecuador en Naciones Unidas.

Por su parte, Ecuador presentó una demanda acusando a México de utilizar su embajada para proteger a Glas de la justicia ecuatoriana, calificando estas acciones como un uso indebido de las instalaciones diplomáticas. Ecuador también busca que la CIJ determine que las acciones de México violaron varias convenciones internacionales.

El caso sigue en desarrollo, marcando un punto crítico en las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador, y atrayendo la atención internacional sobre el respeto a la soberanía y los derechos diplomáticos. 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que mañana firmará el decreto para poner en marcha el Fondo de Pensiones para el Bienestar, aprobado por Morena y sus aliados en el Congreso. Este fondo será financiado principalmente con recursos de las afores no reclamadas por personas mayores de 70 años.

Tras su aprobación por ambas Cámaras del Congreso, López Obrador indicó que el 1 de mayo se presentará el esquema de funcionamiento del fondo, con la expectativa de entregar la primera compensación a un trabajador el 1 de julio.

La reforma aprobada contempla la creación de un fideicomiso en el Banco de México para concentrar los recursos de las afores inactivas, aunque las reglas de operación aún no han sido establecidas.

El presidente señaló que una vez que se definan los procedimientos, se informará cómo los trabajadores recibirán las compensaciones del fondo recién creado.

Además, la reforma al sistema de pensiones prevé que las empresas militares encargadas de operar los aeropuertos de Tulum y Santa Lucía hagan aportaciones de recursos. López Obrador destacó que en 2024, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles recibió más ingresos que egresos.

El dictamen del fondo fue aprobado en el Senado de la República con 70 votos a favor, 43 en contra y dos abstenciones, siendo la mayoría de legisladores que votaron a favor de Morena y sus aliados. 

Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ha acusado al juez Rogelio León Díaz Villarreal de favorecer y no vincular a proceso a Abraham Oseguera Cervantes, conocido como "Don Rodo", hermano de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Rodríguez Bucio hizo estas acusaciones durante la conferencia matutina en Palacio Nacional el martes 30 de abril, afirmando que el juez se basó en videos que podrían haber sido editados o manipulados.

"Don Rodo" fue detenido en flagrancia el 21 de abril en Autlán de Navarro, Jalisco, en posesión de armas, cartuchos, cargadores, y una considerable cantidad de fentanilo y cocaína.

El subsecretario detalló que la defensa presentó tres videos, dos de ellos horas antes del inicio de la audiencia el domingo 28 de abril, lo que llevó al juez a decretar la no vinculación a proceso y ordenar la libertad inmediata del detenido.

Entre los argumentos del juez Díaz Villarreal se encuentra la consideración de la edad de "Don Rodo" y la supuesta inverosimilitud de que estuviera altamente armado a altas horas de la madrugada, así como su presunta incapacidad para cargar un arma larga debido a su salud.

El subsecretario señaló que el juez concluyó que los videos presentados por la defensa eran válidos, a pesar de las dudas sobre su autenticidad, ya que un perito en informática admitió que podrían haber sido editados o modificados.

La Fiscalía presentará un recurso de apelación ante esta decisión.