A partir del 1 de enero de 2024, los trabajadores independientes tendrán la opción de incorporarse al Infonavit de manera voluntaria, según el anuncio realizado por Carlos Martínez, director general del instituto. Esta medida es resultado de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre, permitiendo a los trabajadores realizar aportaciones que les facilitarán acceder a créditos baratos y suficientes.

Los trabajadores que se hayan registrado voluntariamente al régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social podrán realizar aportaciones para abonar a la subcuenta de vivienda, dentro de la cuenta individual prevista en los sistemas de ahorro para el retiro, entre otras opciones.

Martínez destacó que desde 2019 hasta noviembre de 2023, el Infonavit ha entregado casi 2.3 millones de créditos para comprar, construir o remodelar viviendas, así como adquirir terrenos. Esta actividad ha generado una derrama económica de 1.1 billones de pesos.

El Infonavit ha buscado diversificar su oferta, ofreciendo al menos 10 financiamientos diferentes, incluyendo créditos para la compra de terrenos, casas y mejoras en la vivienda. Además, se han implementado programas para ayudar a los beneficiarios a saldar deudas de créditos impagables, beneficiando a cerca de 4.8 millones de personas.

César Buenrostro Moreno, vocal ejecutivo del FOVISSSTE, informó que durante la presente administración se han entregado más de 234 mil créditos de vivienda, con un total de 32,236 créditos otorgados en 2023, generando una derrama económica de 30,190 millones de pesos. El promedio de estos créditos fue de 936,519 pesos.

En una histórica decisión, la Suprema Corte de México ha ordenado levantar la suspensión de las corridas de toros en la Plaza México, que permanecían suspendidas durante un año y medio debido a acciones legales impulsadas por activistas defensores de los derechos animales.

La resolución revierte la disposición de un juez federal del año pasado que prohibía las corridas atendiendo a un amparo presentado por la asociación civil Justicia Justa. Esta organización, dedicada a la defensa de los derechos humanos y el Estado de derecho, había denunciado el reglamento taurino y una ley sobre espectáculos públicos, argumentando que el "trato cruel" hacia los animales viola la constitución de la Ciudad de México.

La decisión de la Suprema Corte ha generado fuertes manifestaciones a las afueras del tribunal, con grupos a favor y en contra de la tauromaquia. Mientras algunos exigían la reanudación de las actividades en la plaza mexicana con cánticos de "¡toros sí, toreros también!", otros levantaban carteles con la consigna "México dice ¡NO! a las corridas de toros", solicitando mantener la suspensión.

La disputa judicial ha intensificado el debate en México sobre esta tradición centenaria, con más de cinco siglos de historia, que aún se mantiene en España, Francia y Portugal, pero está prohibida en naciones como Brasil, Argentina, Chile y Uruguay.

A favor de la tauromaquia se encuentran ganaderos, empresarios y aficionados, quienes argumentan que la prohibición en la Ciudad de México afecta a miles de empleos y genera ingresos anuales por aproximadamente 400 millones de dólares.

Por otro lado, los defensores de los animales consideran el levantamiento de la suspensión como un "gran retroceso" en sus luchas y temen que esto influya en la anulación de suspensiones similares en otros estados del país.

El diputado local Jorge Gaviño, activista contra las corridas de toros, expresó su preocupación y desestimó el argumento económico, sugiriendo que la Plaza México podría diversificar sus actividades en lugar de depender exclusivamente de las corridas taurinas.

La decisión de la Suprema Corte no solo impacta el destino de la tauromaquia en la Ciudad de México, sino que también podría tener repercusiones en el ámbito nacional, afectando estados donde aún se permite esta práctica.

Se revela que Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo íntimo de Andy López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha acumulado millones de pesos a través de lucrativos contratos con gobiernos afiliados a Morena.

En diciembre de 2022, la empresa Romedic, propiedad de Olán, obtuvo un contrato por 304 millones de pesos del gobierno de Quintana Roo, liderado por la morenista Mara Lezama, para suministrar medicamentos y material de curación. Se sugiere que esta asignación formó parte de una negociación para recibir 500 millones de pesos en 2023, según un audio en posesión de Latinus.

Romedic, establecida en 2021, ha demostrado ser un negocio redondo. Informes fiscales indican que la compañía generó ingresos de 73 millones de pesos en su primer año. El contrato con el gobierno de Quintana Roo en 2022 cuadruplicó significativamente sus ingresos.

Estas revelaciones plantean preguntas sobre posibles conflictos de interés y prácticas cuestionables en relación con contratos gubernamentales. La conexión entre Olán y el entorno cercano de López Obrador agrega un elemento adicional de escrutinio a estas transacciones, generando inquietudes sobre la transparencia y la ética en la administración actual.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha desestimado los resultados de la prueba PISA 2022, que señalan una significativa reducción en el rendimiento de estudiantes mexicanos en matemáticas, ciencias y lectura. AMLO argumenta que estos parámetros "no los tomamos en cuenta" debido a que se crearon durante el periodo neoliberal.

En una conferencia de prensa, el mandatario mexicano expresó su desconfianza hacia las pruebas PISA, alegando que fueron establecidas durante el neoliberalismo, una época que según él ofendió gravemente a los maestros y buscó desaparecer la educación pública.

México se posicionó en el lugar 51 de 81 países evaluados, según los resultados de PISA, ubicándose por debajo del promedio global. AMLO restó importancia a estos resultados, comparándolos con tomar en cuenta una opinión del Fondo Monetario Internacional o una encuesta de GEA-ISA, desacreditando así la validez de los datos presentados.

A pesar de los resultados alarmantes, que indican que dos de cada tres estudiantes en México no lograron realizar operaciones matemáticas simples, y uno de cada dos no comprendió una lectura, AMLO persiste en su postura crítica hacia PISA, argumentando que estas pruebas son parte de una narrativa neoliberal que él rechaza.