Desde el pasado 5 de diciembre, la NOM 37 ha entrado en vigor en México, centrada en regular el teletrabajo o trabajo a distancia, con exigencias que comenzarán a aplicarse a partir del último mes del 2023. Esta normativa impone nuevas obligaciones tanto para las empresas como para los trabajadores, con un enfoque específico en garantizar la seguridad y salud laboral, prestando especial atención a las condiciones de trabajo.

Es crucial destacar que la NOM 37 se aplica a empresas con empleados que realizan más del 40% de su jornada laboral a distancia. En consonancia con las nuevas reglas, si el espacio de trabajo remoto de un empleado no cumple con estándares de seguridad, iluminación y ventilación, no se le puede obligar a trabajar en ese lugar.

La normativa asegura que los trabajadores en esta modalidad mantienen los mismos derechos individuales y colectivos que sus contrapartes que trabajan de forma presencial. Además, se introduce un listado de autoevaluación para que los empleados puedan evaluar las condiciones de su trabajo remoto.

La implementación de estas reglas surge en un contexto en el que el trabajo remoto experimentó un aumento significativo en México, al igual que en otras naciones, durante la pandemia de COVID-19 entre 2020 y 2021. La NOM 37 también establece que los trabajadores a distancia deben recibir un salario igual al de aquellos que laboran en una oficina, manteniendo un horario laboral fijo.

La Secretaría del Trabajo especifica las responsabilidades de los empleadores, incluyendo proporcionar herramientas y pagar de manera proporcional servicios como internet, electricidad, sillas ergonómicas, tinta o impresora, y dispositivos como computadoras o teléfonos celulares necesarios para el trabajo remoto. Por otro lado, los empleados deben informar cambios de domicilio laboral y aplicar periódicamente una lista de verificación de condiciones de seguridad y salud para el trabajo a distancia.

En una conferencia de prensa conjunta con Mauro Guerra, presidente del Congreso de Nuevo León, y Arturo Salinas, presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis Enrique Orozco anunció su renuncia a la gubernatura interina del estado. Orozco destacó la necesidad de garantizar la paz y gobernabilidad, y señaló las dificultades para entablar diálogo con Samuel García, quien había retornado a sus funciones como gobernador.

Orozco expresó que desde el 2 de diciembre se le negó el ingreso al Palacio de Gobierno, encontrándose con vallas, elementos policiacos y equipos antimotines. A pesar de este anuncio de renuncia, Samuel García previamente había comunicado su regreso al cargo de gobernador.

La designación de Luis Enrique Orozco como gobernador interino se realizó el 29 de noviembre, en medio de incidentes durante una sesión del Congreso de Nuevo León. El 2 de diciembre, Samuel García notificó su decisión de regresar al cargo, argumentando que no era necesario revocar la licencia otorgada por el Congreso.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respaldó a Samuel García, gobernador de Nuevo León, quien optó por no participar en la elección presidencial para retomar sus funciones en el estado. López Obrador advirtió que una posible destitución de García por el Congreso estatal o la Suprema Corte de Justicia de la Nación sería considerada como un golpe de Estado.

El mandatario describió el proceso legal como "politiquero" y sugirió que la oposición, especialmente representada por el PRI y el PAN, se unió contra García, destacando la participación de Claudio X. González. López Obrador indicó que la oposición temía que Samuel García dividiera las simpatías de las clases medias.

El sábado, García anunció su decisión de no participar en la contienda electoral presidencial para regresar como gobernador de Nuevo León, a pesar de la resolución de la Suprema Corte que validó la designación de Luis Enrique Orozco en el cargo. La postura de López Obrador refleja preocupaciones sobre la estabilidad política y democrática en el estado.

Después del fatal ataque de un tiburón que resultó en la muerte de una mujer en la playa de Melaque, autoridades de Protección Civil de Jalisco han implementado la bandera morada en la costa sur del estado. Esta medida prohíbe actividades acuáticas y la entrada al mar desde Melaque hasta Barra de Navidad, abarcando aproximadamente cinco kilómetros de playa en el municipio de Cihuatlán.

El trágico incidente ocurrió durante un festival en la playa de Melaque, donde la víctima, identificada como María Fernanda Martínez Jiménez, fue mordida por un tiburón en la pierna, resultando en su fallecimiento. María Fernanda era egresada de la carrera de Biología Marina en el Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara.

El Centro Universitario expresó sus condolencias y se unió a la pena de las familias afectadas. El cuerpo de María Fernanda será velado en la comunidad de El Aguacate, también en el municipio de Cihuatlán. La bandera morada busca prevenir riesgos adicionales y garantizar la seguridad en la zona costera afectada. 

La senadora morenista Citlali Hernández presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra más de 60 usuarios de la red social X (anteriormente Twitter) por presuntos actos de violencia política contra las mujeres en razón de género. La denuncia incluyó al empresario Ricardo Salinas Pliego, periodistas y comediantes entre los usuarios señalados.

El INE instruyó a 49 de ellos para eliminar publicaciones que, según Hernández, atentan contra su dignidad. La mayoría de los mensajes fueron enviados desde la cuenta de Salinas Pliego, a quien se le ordenó retirarlos, pero el Tribunal Electoral revocó la medida al considerar que carecía de competencia para ordenarla.

La senadora denunció un discurso de odio, gordofobia y misoginia dirigido hacia ella por el hecho de ser mujer y ocupar un cargo público. El INE notificó a los usuarios para retirar contenidos que generen violencia política contra las mujeres en razón de género y abstenerse de publicar mensajes similares.

El análisis de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral encontró evidencia de posible violencia política en 159 mensajes, solicitando su retiro. Sin embargo, en 38 de 69 mensajes analizados (excluyendo los de Salinas Pliego) no se hallaron pruebas de violencia política de género.

El documento de la UTCE detalla fechas, horas de publicación y enlaces a las publicaciones, donde se encuentran insultos y alusiones al físico de la legisladora. Algunos usuarios, como el comediante Chumel Torres, criticaron a Hernández, mientras se pidió a otros, como la usuaria @Avieu, eliminar publicaciones que criticaban el apoyo de la senadora a Félix Salgado, denunciado por violación en Guerrero.

Vía Latinus