El Congreso local de Quintana Roo ha aprobado modificaciones al Código Penal para castigar con hasta 18 años de prisión y multas de hasta 37 mil pesos a quienes cometan actos de rapiña durante desgracias, emergencias o accidentes. Las reformas, promovidas por la diputada Maritza Basurto y respaldadas por unanimidad, tienen como objetivo abordar situaciones como huracanes y accidentes viales.

La diputada Basurto enfatizó la necesidad de erradicar la cultura de pillaje en momentos de vulnerabilidad, instando a la solidaridad y el respeto hacia la sociedad. Por su parte, el diputado Hugo Alday Nieto, presidente de la Comisión de Justicia, destacó que estas medidas fortalecerán la capacidad de la fiscalía para combatir el robo y sus variantes, como los saqueos en desastres naturales y los robos hormigas en situaciones de riesgo.

Se realizó un análisis exhaustivo sobre la naturaleza de la rapiña, reconociendo su vinculación con el robo y explorando elementos agravantes en este tipo de delitos. Se identificaron tres aspectos clave: rapiñas en accidentes marítimos, saqueos durante desastres naturales como huracanes, y robos hormigas en situaciones de riesgo. Esta actualización del Código Penal permitirá abordar de manera más efectiva este problema, brindando mayores herramientas a la Fiscalía para intervenir una vez que la reforma entre en vigor.

La confrontación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, ha alcanzado nuevos niveles de tensión.

El director del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, reveló que cuatro empresas del propietario de TV Azteca adeudan la impresionante suma de 63 mil millones de pesos en impuestos a la Hacienda pública. Esto surge después de que Salinas Pliego, en un video, negara que sus empresas se nieguen a pagar impuestos y acusara al SAT de intentar extorsionarlo. Además, sugirió que el gobierno podría estar desviando hasta 50 mil millones de pesos a través del programa de pensión para adultos mayores.

El presidente López Obrador respondió llamando a Salinas Pliego a presentar pruebas si tiene alguna sobre corrupción en el gobierno. Enfatizó en la importancia de la honestidad y cuestionó la falta de evidencia en las acusaciones del empresario.

Salinas Pliego reaccionó a través de su cuenta de X, afirmando que un buen gobierno no exige pruebas a los ciudadanos, sino que actúa. También insinuó que los delincuentes y rateros perduran mientras las víctimas lo permiten.

El presidente anunció que todos los documentos y evidencias que muestran el adeudo de las empresas de Salinas Pliego serán publicados en la página del gobierno de la República, con el objetivo de evitar la condonación de impuestos a grandes empresas y combatir la corrupción.

Los adeudos millonarios de Grupo Salinas han generado controversia, con Martínez Dagnino explicando que estos se concentran en cuatro empresas y ascienden a 63 mil millones de pesos. Félix Arturo Medina y Grisel Galeano García también han proporcionado detalles sobre los intentos de las empresas de Salinas de evitar el pago de impuestos mediante estrategias legales y retrasos en los procedimientos judiciales.

La confrontación entre AMLO y Salinas Pliego sigue en desarrollo, mientras se espera una resolución sobre los adeudos fiscales y se intensifican las acusaciones y contraacusaciones entre ambas partes. 

La tarde del 20 de marzo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León atendió el reporte de un vehículo en llamas en el municipio de Pesquería. La unidad, una camioneta Honda Odyssey perteneciente a Ricardo Lozano Hernández, radiólogo del IMSS desaparecido desde febrero, fue encontrada abandonada cerca de la carretera al Ojo de Agua, junto con restos humanos calcinados en su interior y siete cuerpos descompuestos en las cercanías.

Autoridades locales, con el apoyo de fuerzas policiales y militares, aseguraron el área y comenzaron las investigaciones. A la mañana siguiente, la Fiscalía reveló el hallazgo de cinco cadáveres, cinco cráneos y cuatro restos óseos, sin identificar aún. Se desconoce si los restos pertenecen a Lozano Hernández.

La candidata presidencial Claudia Sheinbaum expresó su pesar por el suceso, desligándolo de la campaña política. Sin embargo, los hechos evidencian la escalada de violencia ligada a la disputa territorial entre grupos del crimen organizado, como el Cártel del Noreste y el Cártel del Golfo, reconocida por el secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Palacios Pámanes. Las autoridades continúan las indagatorias para esclarecer el caso y determinar la causa de muerte de las víctimas.

Miles de personas inundaron el malecón de Campeche en una marcha sin precedentes para exigir la destitución de Marcela Muñoz, secretaria de Seguridad, en medio de un tenso conflicto que ha paralizado la dependencia durante cinco días.

La crisis estalló tras un violento incidente el viernes pasado, cuando agentes fueron emboscados por reclusos de alta peligrosidad durante un traslado. Los policías denunciaron falta de equipo y agresiones físicas, incluso violencia sexual contra colegas mujeres.

La gobernadora Layda Sansores ha rechazado la solicitud de destitución, generando aún más indignación entre los manifestantes. En su programa de radio, Sansores desestimó el llamado al diálogo y provocó más ira al sugerir que enviaría a las madres de los inconformes en su lugar.

El diputado federal de Morena, José Luis Flores, se unió a la marcha y denunció irregularidades dentro de la Secretaría de Seguridad, respaldando las demandas de los policías. La protesta, según Flores, refleja la frustración por la falta de justicia por parte del gobierno.

La tensión en Campeche continúa en aumento mientras la sociedad exige respuestas y soluciones concretas ante la crisis en materia de seguridad.