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A pesar de que la generación de empleos en México ha superado los niveles previos a la pandemia, la calidad del trabajo se ha visto comprometida, según señala el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre 2020 y 2023 se han creado alrededor de 3.5 millones de puestos de trabajo por año.
Sin embargo, esta tendencia positiva no se traduce en un aumento significativo de los ingresos para los trabajadores mexicanos. De hecho, la cantidad de personas con ingresos superiores al salario mínimo se ha reducido en 8.9 millones en los últimos tres años. La situación es especialmente preocupante en lo que respecta a la distribución de ingresos, ya que la mayoría de los nuevos empleos generados ofrecen salarios cercanos al salario mínimo.
Los indicadores muestran que, del total de la población ocupada después de la pandemia, aproximadamente 10.9 millones de personas tienen ingresos equivalentes a un salario mínimo, mientras que la ocupación de aquellos con ingresos superiores ha disminuido considerablemente. Esta situación se agrava aún más al observar la distribución por género, donde las mujeres tienen una presencia significativamente mayor en los rangos de ingresos más bajos.
Como consecuencia de la baja de ingresos salariales y la precarización laboral, la migración laboral mexicana documentada en Estados Unidos ha experimentado un notable aumento en los últimos dos años. Según el Anuario de Migración y Remesas México 2023 de BBVA, la emisión de visas de trabajo temporal agrícola (H-2A) para la población mexicana ha crecido en un 46.3% entre 2019 y 2022.
Esta situación pone de relieve la urgencia de implementar políticas que promuevan la creación de empleos dignos y con salarios justos en México, así como medidas para combatir la precarización laboral y garantizar condiciones laborales adecuadas para todos los trabajadores.
Las revelaciones sobre los vínculos entre Grupo Indi, el constructor detrás del tramo donde ocurrió el reciente descarrilamiento del Tren Maya, y figuras clave en la administración de Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador han desatado una ola de controversia.
Según informes, Grupo Indi, favorecido por contratos millonarios bajo las administraciones de ambos políticos, ha sido fundamental en la ejecución de importantes obras del proyecto ferroviario. En particular, Luis Francisco Deyá Oropeza, actual subsecretario de Obras y Servicios en la Ciudad de México, ha sido señalado como un personaje clave en la relación entre el gobierno y el consorcio constructor.
Las conexiones entre Deyá Oropeza, Grupo Indi y la construcción del tramo 3 del Tren Maya han llamado la atención, especialmente después del incidente en la estación Tixkokob, donde se registró el descarrilamiento. Además, se ha puesto de manifiesto la participación de empresas asociadas al íntimo amigo de los hijos del presidente López Obrador en la provisión de materiales para el proyecto, lo que ha avivado las acusaciones de tráfico de influencias y favoritismo.
Con la controversia en aumento y nuevas revelaciones sobre los lazos entre empresas contratistas y figuras gubernamentales, la investigación sobre el descarrilamiento del Tren Maya continúa, alimentando el debate sobre la transparencia y la integridad en la ejecución de proyectos de infraestructura de gran envergadura en México.
Un vagón del Tren Maya se descarriló cerca de la estación de Tixkokob, en el estado de Yucatán. El incidente ocurrió en una unidad que partió de Campeche con destino a Cancún. Afortunadamente, no se reportan pasajeros lesionados.
Autoridades de la Guardia Nacional se encuentran en el lugar para llevar a cabo las investigaciones pertinentes y determinar las causas del descarrilamiento.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sugerido la posibilidad de un sabotaje o error humano detrás del reciente descarrilamiento del Tren Maya en Yucatán. Durante su conferencia de prensa, el mandatario señaló un posible fallo en el cambio de vía en la estación Tixkokob como causa del incidente. A pesar de la magnitud del suceso, destacó la ausencia de heridos y víctimas mortales gracias al sistema de seguridad del tren.
Las declaraciones de López Obrador han desatado especulaciones en redes sociales, donde algunos sugieren un sabotaje por parte de la oposición. Este rumor se avivó tras la denuncia de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez contra familiares del presidente por presunta corrupción. Sin embargo, Gálvez negó cualquier implicación en el incidente y exigió responsabilidad al gobierno federal.
Mientras tanto, las autoridades continúan investigando para esclarecer las circunstancias exactas del descarrilamiento y determinar si hubo algún acto intencional detrás del mismo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador abordó el tema del secuestro de 66 personas en el estado de Sinaloa durante su conferencia matutina de este lunes. Informó que, de las personas secuestradas, 58 han sido localizadas y liberadas, mientras que aún quedan 8 por encontrar. Señaló que se ha identificado a algunas de estas personas y atribuyó el incidente a una confrontación entre grupos criminales.
El mandatario lamentó la muerte de un soldado durante el operativo para abordar la situación y envió sus condolencias a los familiares del fallecido. Además, informó que visitará el estado de Sinaloa en los próximos días, específicamente el municipio de Mazatlán, donde llevará a cabo su conferencia mañanera y presenciará el eclipse solar del 8 de abril.
En contraste con la postura del presidente, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha minimizado el secuestro de cuatro familias, calificándolo como "cosas que pasan". A pesar de ello, López Obrador anunció que la reunión del gabinete de seguridad se llevará a cabo en Sinaloa, acompañado por el gobernador Rocha Moya, quien recientemente hizo declaraciones minimizando el incidente.
El presidente reiteró que se está trabajando para encontrar a las personas desaparecidas y aseguró que las autoridades están actuando para abordar la situación. Sin embargo, las declaraciones del gobernador han generado controversia y preocupación entre la población, especialmente en un contexto de violencia e inseguridad en el país.
