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El consejero Arturo Castillo, presidente de la Comisión Temporal del Voto de Mexicanos Residentes en el Extranjero, aseguró que la cancelación de casi 40 mil registros de la lista nominal no busca afectar a los ciudadanos, sino prevenir un “evento catastrófico” como la suplantación de identidad.
Castillo enfatizó que el proceso de cancelación no se basa en suspicacias, sino en un exhaustivo análisis documental de cada solicitud. Celebró la organización de ciudadanos para reclamar su derecho al voto, garantizando que aquellos que auténticamente se registraron serán incluidos en la lista nominal.
El INE trabaja a “todo vapor” para verificar las solicitudes recibidas y subsanar posibles inconsistencias antes del 5 de mayo. Además, se anticipa que tras el periodo de aclaraciones, se iniciará una investigación para identificar posibles irregularidades, aunque aún no se puede definir si hubo empresas involucradas.
La titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, celebró la aprobación de la Ley de Amnistía por parte del Senado, destacando su importancia para otorgar perdón a personas que proporcionen información relevante sobre casos cruciales para el Estado, como el de Ayotzinapa.
Alcalde Luján resaltó que esta ley es fundamental para romper el “pacto de silencio” que rodea a casos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, permitiendo que aquellos que tienen información puedan colaborar sin temor a represalias.
La Ley de Amnistía, aprobada con 67 votos a favor y 32 en contra, ha sido objeto de controversia, con críticos que argumentan que otorga perdón a actos delictivos en ciertos casos. Sin embargo, la bancada de Morena la aplaudió como un paso hacia la verdad y la justicia.
En cuanto a la Ley de Amparo, Alcalde Luján también destacó su importancia, señalando que evitará la suspensión de normas y obras públicas aprobadas por el Congreso, permitiendo así la continuación de proyectos de infraestructura clave como el Tren Maya y el Aeropuerto.
Ambas iniciativas, aprobadas por el Senado, serán discutidas ahora en la Cámara de Diputados, marcando un avance significativo en la legislación mexicana hacia la justicia y el desarrollo del país.
El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM) emitió un comunicado este miércoles instando a los actores políticos a no usar el proceso electoral como excusa para evitar investigaciones sobre presuntos actos de corrupción en el Poder Judicial. Esto surge luego de la apertura de una indagatoria contra el ministro en retiro Arturo Zaldívar.
En el comunicado, el INCAM señaló la necesidad de corregir diversas conductas dentro del Poder Judicial, incluyendo la corrupción, el nepotismo y la violencia de género. Destacó la existencia de procesos administrativos de sanción y protocolos para abordar la violencia de género, así como la posibilidad de que los ministros de la SCJN sean sujetos de responsabilidad, según el artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El Colegio de Abogados enfatizó que, dentro de los límites de la independencia judicial, las normativas deben respetarse y que nadie debe estar por encima de las instituciones ni usar momentos electorales como escudo para evitar investigaciones.
Asimismo, el INCAM exhortó a los actores políticos a no interferir, confundir o desviar la atención respecto a las investigaciones de posibles actos de corrupción en el Poder Judicial, subrayando la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas para alcanzar la paz social en el país.
El comunicado surge después de que la SCJN abriera una investigación contra Arturo Zaldívar por presunta vulneración de la autonomía e independencia del Poder Judicial, seguida por la solicitud de Zaldívar de un juicio político contra la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, por supuesta injerencia en el proceso electoral.
El Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República ha anunciado que presentará una solicitud de juicio político en contra del ministro en retiro Arturo Zaldívar. Lo acusan de participar en una presunta red de extorsión para influir en decisiones judiciales a favor del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
La senadora Kenia López Rabadán declaró que acudirán a la Cámara de Diputados para promover este juicio, respaldando la acción del máximo tribunal y de la ministra Norma Piña, quien lidera la investigación iniciada tras recibir una denuncia anónima contra Zaldívar.
El argumento principal para promover el juicio será las declaraciones del Presidente López Obrador, quien mencionó que Zaldívar lo “ayudaba”, confirmado posteriormente por el ex presidente de la Corte. Además, se le señala por renunciar a su cargo como juzgador para participar en la campaña de Claudia Sheinbaum, lo que se considera una búsqueda de impunidad.
Aunque Zaldívar dejó su cargo en noviembre del año pasado, el PAN afirma que aún puede ser sujeto a este procedimiento según el artículo 114 de la Constitución, que permite promover el juicio dentro del primer año posterior a la renuncia de un funcionario.
La solicitud de juicio político busca sancionar a Zaldívar por supuestamente anteponer los intereses de la Presidencia de la República sobre los intereses del pueblo de México. El PAN espera que, en caso de ser encontrado culpable, sea inhabilitado de cualquier cargo público para evitar más daño al país.
