El Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra bajo escrutinio tras revelarse que adjudicó contratos a empresas de reciente creación, sin historial previo como proveedoras gubernamentales, las cuales no cumplieron con la entrega de celulares y chamarras para los capacitadores y supervisores electorales.

Una de estas empresas, Bell-Krom, creada en 2020, recibió un contrato de 18 millones de pesos para la compra de 25 mil chamarras. Sin embargo, meses después, el INE descubrió que la empresa no estaba cumpliendo con lo acordado. Una visita de Latinus a uno de los talleres de confección reveló que este estaba ubicado en el interior de una vivienda, y los empleados desconocían tanto a Bell-Krom como a sus socias.

El traspié se repitió en la licitación para la adquisición de más de 50 mil teléfonos celulares, donde la empresa ganadora incumplió su compromiso, a pesar de haber obtenido una mejor calificación que Telcel, la principal proveedora de servicios de telefonía móvil en México.

Estas fallidas contrataciones se produjeron mientras la Dirección Ejecutiva de Administración del INE estaba a cargo de una funcionaria interina, ante la falta de nombramiento por parte de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei. La situación ha generado críticas y cuestionamientos sobre los procesos de adjudicación de contratos en el INE y la necesidad de garantizar la transparencia y eficiencia en el uso de recursos públicos en el contexto electoral.