En una revisión de perfiles realizada por El Sol de México, se ha identificado que 15 estados del país tienen a mandos militares o navales al frente de sus secretarías de seguridad. En el último año, 11 gobernadores cambiaron a sus titulares de Seguridad Pública estatal, nombrando a militares o marinos en seis casos y a civiles en cinco.

El caso más reciente ocurrió en Michoacán, donde el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destituyó al general José Alfredo Ortega tras una protesta de la Guardia Civil que exigía mejores condiciones laborales. El cargo fue otorgado a Juan Carlos Oseguera Cortés, quien previamente se desempeñaba como subsecretario de Gobierno y tiene una trayectoria política que incluye puestos en el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario.

De manera similar, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, aceptó la renuncia de su jefe de seguridad estatal, Andrés Andrade, un civil, y nombró en su lugar al militar Cristóbal Castañeda, destacando su extensa trayectoria en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desde 1993.

Un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicado en septiembre de 2023 indicó que 14 entidades del país contaban con mandos de seguridad provenientes de las Fuerzas Armadas. Según David Saucedo, especialista en seguridad pública, mientras la opinión pública se enfocaba en la militarización federal, en los estados se desarrollaba una "militarización silenciosa".

Entidades como Michoacán y San Luis Potosí han cambiado de mandos militares a civiles, mientras que estados como el Estado de México y Tabasco han optado por lo contrario, nombrando a generales del Ejército en sus secretarías de seguridad.

Saucedo señala que en la mayoría de los estados gobernados por Morena, los mandatarios han nombrado a militares en las secretarías de Seguridad Pública para establecer una conexión directa con la Guardia Nacional. Sin embargo, critica que estos mandos no han demostrado mayor capacidad que los civiles en el combate al crimen organizado o a la inseguridad.

La opacidad prevalece en estos cambios de mandos, con sólo tres de los 11 cambios en el último año siendo explicados públicamente. Saucedo añade que los nombramientos de secretarios de Seguridad no requieren la aprobación del Poder Legislativo de los estados, siendo una designación directa de los gobernadores.