Ciudad de México — A solo cinco días de la votación presidencial, el proceso electoral de 2024 culmina con un alarmante aumento de la violencia, duplicando los casos registrados en los comicios de 2018, cuando Morena y Andrés Manuel López Obrador ganaron la Presidencia de la República.
Según el último reporte de Integralia, hasta el 28 de mayo de 2024 se han contabilizado 749 casos de violencia política desde el inicio del proceso electoral el 7 de septiembre de 2023. Se estima que la cifra podría elevarse a 760 al término de las elecciones el 2 de junio. Esto contrasta fuertemente con los 382 casos registrados durante las elecciones de 2017-2018.
“Una de las huellas indelebles de este proceso electoral fue la violencia, los datos así lo demuestran. Hoy, nuestra democracia está capturada por los grupos criminales a lo largo y ancho del país”, declaró Armando Vargas Hernández, consultor senior de Integralia.
De las 749 víctimas, 316 han sido aspirantes o candidatos, 131 políticos o expolíticos, 130 funcionarios o exfuncionarios, 133 daños colaterales y 39 familiares. Las agresiones incluyen 233 amenazas, 231 asesinatos, 159 atentados con arma de fuego, 21 desapariciones, 18 secuestros y 87 otros eventos.
De los 231 asesinatos, 34 fueron contra aspirantes, precandidatos o candidatos, superando los 24 registrados en 2017-2018. De estos, el 88% aspiraba a un cargo municipal; 15 pertenecían a Morena, seis al PRI, cuatro al PAN, tres al PVEM, dos a MC, uno al PRD, uno al PT, uno a Chiapas Unidos y uno al Partido Popular Chiapaneco.
El estudio, basado en información oficial y reportes de partidos, reveló que Puebla fue la entidad con más víctimas de violencia, con 40 casos, seguida de Chiapas y Guerrero con 33. Chiapas lidera en asesinatos con ocho, seguido de Guerrero con seis y Michoacán con cuatro.
Morena encabeza la lista de partidos con más agresiones contra sus miembros, con 61 casos, seguido del PRI con 58, el PAN con 43, Movimiento Ciudadano con 30, el PRD con 29, el PVEM con 20 y el PT con 13.
Vargas Hernández subrayó que el crimen organizado ha incidido directamente en la participación política y ciudadana, reduciendo opciones en la boleta electoral y expandiendo su control territorial. Anticipó que el 2 de junio habrá registros de violencia electoral, con posibles intervenciones en casillas y movilización del voto por actores criminales en territorios específicos. Finalmente, advirtió que México debe afrontar el problema del crimen organizado de manera integral para evitar repetir este escenario en 2030.