Una red de complicidades y negocios oscuros envuelve el tema de la llamada celda emergente del Lote 175, donde los gobiernos estatal y municipal, así como empresarios, han colaborado para el manejo y disposición final de la basura, generando un lucro diario de 1,099,800 pesos.

En julio del año pasado, Ana Patricia Peralta de la Peña, Presidenta Municipal de Benito Juárez, aprovechó la emergencia ambiental provocada por el colapso del vertedero para sustituir a la empresa encargada del manejo de los residuos sólidos: Promotora Inmobiliaria Majahual (PIMSA), beneficiando a su preferida, Promotora Ambiental Contenedores y + S.A. de C.V. (PACSA), un apéndice de Red Recolector (también conocida como Red Ambiental), empresa ligada al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que transporta más de 1,300 toneladas diariamente.

A PIMSA, el gobierno municipal le pagaba un costo unitario de 238.63 pesos por tonelada de desechos que ingresaba al relleno sanitario, ubicado en el Lote 196, pero con la entrada de Red Ambiental, el pago aumentó a 846 pesos por tonelada, según declaraciones de las partes involucradas.

Tras la supuesta emergencia ambiental, se forjó una espiral de negocios obscuros que permiten controlar todos los procesos de recolección, acopio, recepción, transporte, transferencia, almacenaje, aprovechamiento, reciclaje, transformación, procesamiento y transformación de los residuos sólidos urbanos, materiales valorizables, así como subproductos.